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Fiscalidad Digital: nuevas propuestas de la Comisión Europea para Ecommerce

El tema de los impuestos que pagan las empresas digitales en la Unión Europea es un asunto que acarrea muchos conflictos. Desde Bruselas se pone en entredicho las triquiñuelas que llevan a cabo ciertas empresas online para evitar pagar impuestos o al menos el mínimo de ellos. Por su parte, el sector online critica cualquier reforma que sea impuesta como un impedimento al desarrollo del ecommerce. Las autoridades comunitarias han tratado desde diferentes perspectivas la unificación de ciertos criterios fiscales para garantizar que todas las empresas cumplan sus obligaciones.

La Comisión Europea plantea la solución de unificar la fiscalidad digital a través de una consulta pública mediante votación que se mantuvo abierta hasta el 3 de enero. Con esto, buscaba conocer la opinión de las empresas, las instituciones y los ciudadanos mediante una fórmula “más justa” para empezar a desarrollar un Mercado Único Digital a través de unos impuestos más efectivos y equilibrados. Esta iniciativa, impulsada por Alemania, Francia, Italia y España, buscaba que las compañías digitales soporten una carga fiscal similar a las de otros sectores y equiparable a la de cualquier país de los 27.

De esta manera, multas a Apple y Amazon por utilizar Irlanda y Luxemburgo como sede social y así evitar el pago de impuestos o sancionando a países con tasas más bajas, se evita la competencia desleal entre países comunitarios. La evolución de Internet, las plataformas de pago y el cambio de hábitos en la compra, ha conllevado que millones de usuarios en todo el mundo compren de manera online con total seguridad y confianza por lo que empresas como Google, Facebook, Ebay o Amazon no tienen la necesidad de disponer de una tienda física para llevar a cabo sus negocios por lo que así, transfieren toda la tributación al país donde se encuentra su sede social.

Propuesta de un impuesto armonizado sobre el volumen

Hace unos meses, los Ministros de Finanzas de países como Alemania, Francia, Italia y España enviaron una carta al Presidente del Eurogrupo para que éste valorase la posibilidad de establecer un impuesto armonizado sobre el volumen de negocios generado en Europa por parte de las empresas digitales. Así se repartiría la tributación que procede de la nueva economía digital que lleva tiempo usando prácticas fiscales identificadas por las autoridades como fiscalmente agresivas. Este tipo de impuesto armonizado no es baladí puesto que tendría que establecer de manera muy clara qué empresas afectadas dentro del sector digital solventarán el solapamiento con otra clase de impuestos como el IVA.

Algunos países ya tienen impuestos concretos a las tecnologías, la llamada «tasa Google», como son el caso de Reino Unido, Francia o Australia. Por lo que habría que ver cómo evoluciona la propuesta de los Ministros de Finanzas y más después del ejemplo que ocurre en otros proyectos europeos de tasas para determinados sectores como la famosa «tasa Tobin» sobre depósitos y transacciones financieras cuya configuración todavía está en tramitación desde hace más de 10 años.

Prácticas abusivas de las grandes empresas

Debido a este tipo de prácticas abusivas por parte de las multinacionales, este asunto se ha convertido en prioridad tanto para la Unión Europea como para la organización que agrupa a los países más ricos del mundo, OCDE, que ha aplicado la Acción número 1 de su Plan de Acción BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) para hacer frente a los desafíos fiscales que plantea la economía digital. En definitiva, que se tributen las rentas allá donde se desarrollen las actividades económicas que generan ese rendimiento y es donde se crea el valor añadido.

Hasta que entre en vigor el impuesto

La Administración española pretende, siguiendo la línea de la OCDE, abogar por la expansión de la definición de establecimientos permanentes en función de nuevos factores económicos. Una especie de EP digital en el que existan rentas procedentes del estado de la fuente derivadas de transacciones digitales a través de una plataforma digital o correo electrónico, una cierta presencia digital, una adaptación al idioma del país de fuente y los usuarios. Esto tampoco estaría exento de problemas como la localización del domicilio de las multinacionales tecnológicas en los territorios o la captación de datos que demuestren las transacciones. Esto conllevaría a la inversión en infraestructura informática y muchas empresas no están dispuestas a ello.

Fomentar la competitividad de pymes y grandes empresas

En este sentido se lograría un reparto más justo e inmediato de la tributación porque las rentas que se graven allí donde se desarrollen las actividades económicas generadoras de ese rendimiento como comentábamos evitaría además las batallas judiciales con los contribuyentes aportando al sistema una mayor seguridad jurídica para un desarrollo próspero de las actividades de las multinacionales tecnológicas en países que desean atraerlas.

Esta propuesta intenta evitar que las empresas de servicios digitales se sirvan de los distintos niveles de impuestos en los países comunitarios para tributar allí donde más les convenga en lugar de donde se generan sus beneficios como sería lo más justo. Esta medida va dirigida a todo tipo de negocios online, por ejemplo marketplaces como Amazon o eBay, proveedores de contenidos como Netflix o plataformas de alquiler como Airbnb.

Debido a que esta iniciativa no ha sido respaldada lo suficiente, Bruselas analizará los resultados de la consulta pública para definir su reforma fiscal que mejore la competitividad de la Unión Europea. En principio, esto debería de darse a conocer dentro del primer trimestre de 2018 y serviría para establecer un impuesto consolidado de sociedades que lleva negociándose desde hace 6 años.

En cuanto se de a conocer, se podrá saber el alcance de esta reforma y el impacto que supondrá en pymes y empresas de la UE que comercializan fuera de las fronteras nacionales. Una de las dudas de la consulta de la Comisión plantea si es conveniente que exista una exención de impuestos digitales para las pequeñas empresas y así favorecer la competencia con las grandes multinacionales online pudiendo equilibrar la balanza fiscal.